Los abogados del gobierno de Donald Trump han solicitado al Tribunal Supremo que anule la orden de un juez de menor instancia en California, que bloqueó la decisión de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos.
En su argumentación, la Administración sostiene que mantener el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de Estados Unidos y que el poder Judicial no tiene competencia para resolver asuntos de política migratoria “urgentes”.
El TPS, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), otorga un estatus migratorio a personas provenientes de países que enfrentan situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Poco después de asumir la presidencia en enero, el gobierno de Trump optó por eliminar el TPS para los venezolanos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California bloqueó el intento del Ejecutivo de poner fin al TPS, argumentando que la medida causaría un “daño irreparable” a los miles de migrantes y sus familias que dependen de este beneficio.
Durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. decidió extender el TPS a los venezolanos, citando la “emergencia humanitaria” derivada de la crisis política y económica en Venezuela. Esta decisión fue celebrada por varios legisladores del partido republicano, incluidos el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.
El giro del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. acusándolos por guardar vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. rechazó la solicitud del gobierno para suspender el fallo del juez Chen. La Corte Suprema ha admitido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump.
En uno de esos casos, el tribunal ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Ábrego García, quien había sido deportado injustamente a El Salvador, donde aún se encuentra.
En otro caso, los jueces bloquearon temporalmente la deportación de algunos inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de la era de la guerra del siglo XVIII.
Además, el tribunal escuchará los argumentos el 15 de mayo sobre el alcance de tres fallos que bloquean una orden ejecutiva diseñada para eliminar la ciudadanía por nacimiento.
rmh/rba
