Como lo habían anticipado profesionales del derecho, la nueva Corte de Constitucionalidad empezó a revisar casos en donde están involucrados empresarios, políticos y particulares acusados de corrupción y otros delitos, que han sido procesados penalmente y que con la llegada de los nuevos magistrados y sus fallos se anula su persecución penal.
La nueva Corte de Constitucionalidad apenas tiene un mes en el poder y ya revirtió amparos contra leyes que limitan la libertad de expresión, manifestación y reunión, luego ordenó investigar a profesionales incómodos para el oficialismo. El Organismo Judicial hace lo propio y le quita delitos a personajes corruptos como el mismo expresidente Otto Pérez Molina pero además deja sin efecto declaraciones de testigos clave en casos donde están involucrados poderosos empresarios y criminales de cuello blanco.
El futuro en cuanto a procesos legales contra criminales importantes se vislumbra sombrío, los mecanismos que permiten la elección de autoridades judiciales y constitucionales es quizá lo que no funciona aporta un analista.
Autorizar licencias de proyectos de extracción que perjudican a la población indígena y benefician a grandes transnacionales, retorcer la ley mediante la interpretación constitucional a su conveniencia y afinidad política y cesar la persecución penal a mafiosos será una constante de las nuevas autoridades advierten analistas.
Por ahora no hay ningún contrapeso político o institucional que pueda cuestionar las decisiones de la actual Corte de Constitucionalidad, una situación peligrosa que podría detonar en un estallido social y manifestaciones generalizadas en todo el país.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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