El caso ‘Cócteles’, como es conocido en el país peruano, comenzó en 2016 y desde esa fecha, se han venido presentando diversas pruebas que involucran a la lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular en otros graves delitos como obstrucción a la justicia, asociación ilícita y hasta de ser cabecilla de una organización criminal.
La última audiencia de Keiko Fujimori ratificó que, tanto ella como los involucrados en el supuesto lavado de activos, habrían blanqueado 1.000.000 dólares de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
Mientras que, para su campaña electoral de 2016, también habría recibido aportes millonarios de dudosa procedencia, alcanzando el monto de 1,241,568.15 dólares según el informe del mismo partido fujimorista. La condena por este delito, sumado a los otros que se le imputan, es una de las más altas en el derecho penal de Perú.
En caso se le hallara responsabilidad a Keiko Fujimori, la política podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar su condena.
Mientras tanto, el fiscal encargado del caso de Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, exige que regrese la presencialidad en las audiencias para sustentar mejor su denuncia.
El juicio contra Keiko Fujimori continuará en las próximas semanas, hasta que la justicia peruana determine si la excandidata presidencial es culpable por los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia y otros más. De hallarse su responsabilidad, pasaría hasta 30 años de cárcel.
Aarón Rodríguez; Lima
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