La presidenta Dina Boluarte respondió con medidas de emergencia: toque de queda, suspensión de la minería informal y una base militar en la zona.
Trece mineros fueron asesinados por una banda criminal en La Libertad, Perú, en un acto que evidencia el control del crimen en zonas de minería ilegal. Estas redes operan con violencia y extorsión, y su influencia crece en áreas rurales. El gobierno decretó el toque de queda y envió fuerzas militares para frenar la violencia.
Días antes de que se confirmara el asesinato de los mineros, el primer ministro Adrianzén puso en duda el secuestro, restando importancia a una advertencia que anticipaba la tragedia.
Diversas bancadas del Congreso ahora promueven una moción de censura contra el primer ministro Adrianzén por su manejo del caso Pataz.
Según el gobierno peruano, lo de Pataz va más allá de la seguridad: es crimen organizado con poder, dinero y armas, que crece por la falta de control estatal.
Aarón Rodríguez, Lima
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