Los expertos afirman que el decreto presenta graves deficiencias, está politizado y es selectivo. Excluye a decenas de miles de víctimas que sufrieron bajo el control de facciones militares y grupos extremistas, incluyendo a las víctimas de Daesh.
La medida también contradice la propia declaración constitucional de la misma autoridad, que exigía consultas con la sociedad. En cambio, el director del nuevo organismo era un líder de una facción acusada de crímenes de guerra, lo que genera temores de que el proceso esté al servicio del poder, no de la justicia.
A pesar del noble título de justicia transicional, muchos sirios consideran que este decreto allana el camino para el castigo selectivo en lugar de una verdadera reconciliación. Temen que la justicia se esté utilizando como arma para servir únicamente a la autoridad.
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