“Si se extienden los acuerdos (ya alcanzados) al resto de los bonistas, esto daría una emisión de 11 684 millones de dólares en bonos. Esto es lo que necesitamos emitir para cerrar definitivamente este problema”, afirmó el viernes el ministro argentino de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en una exposición ante los diputados.
Por el mencionado acuerdo, logrado el 28 de febrero, Buenos Aires pagará a sus principales acreedores en total la cantidad de 4653 millones de dólares en efectivo antes del próximo 14 de abril.
Si se extienden los acuerdos (ya alcanzados) al resto de los bonistas, esto daría una emisión de 11 684 millones de dólares en bonos. Esto es lo que necesitamos emitir para cerrar definitivamente este problema”, afirmó el ministro argentino de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
En caso de que el Parlamento argentino en las próximas semanas apruebe la propuesta de pago a los fondos buitres, el Gobierno del país suramericano licitará en abril una serie de bonos a 5, 10 y 30 años bajo la ley de Estados Unidos, a una tasa de alrededor del 7,5 por ciento.
El Congreso de Argentina comenzó el mismo viernes la discusión a fin de derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, por pedido expreso de los demandantes, lo que, según los expertos, pone en juego la soberanía política del pueblo.
El Congreso debe sancionar el pacto con los acreedores antes del 14 de abril, fecha límite establecida por el tribunal de Nueva York, donde se cerró el trato para realizar el pago a los fondos buitre.
Por su parte, el mediador designado por los tribunales estadounidenses, Daniel Pollack, manifestó el viernes que existen principios de acuerdo entre Argentina y 10 tenedores de deuda impagada adicionales por un agregado de 6,7 millones de dólares.
“Estos acuerdos están todos sujetos a la condición de que el Congreso de Argentina derogue la 'Ley Cerrojo' y la Ley de Pago Soberano”, añadió Pollack.
Argentina tiene interés en llegar a un acuerdo con ciertos acreedores, ya que mantiene un litigio con fondos especulativos que exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York (noreste), según la cual debería pagar 1330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.
El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner (2007-2015) se negó a aceptar el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, calificando de “buitres” a dichos fondos especulativos por haber comprado bonos en default a precio de remate para recuperar su valor nominal por vía judicial.
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