La restricción dictada por el juez Andre Birotte Jr prohibió a los funcionarios federales "cancelar visas de inmigrantes válidamente obtenidas" o "retirar, detener o bloquear la entrada" de viajeros de varias naciones de mayoría musulmana afectadas por el decreto de Trump, según anunció el miércoles el diario norteamericano Los Ángeles Times.
La orden fue emitida en respuesta a una petición presentada por la abogada de inmigración Julie Goldberg y su socio Daniel Covarrubias-Klein en nombre de 28 yemeníes que quedaron varados en Yibuti en tránsito hacia Estados Unidos debido al decreto.
(Los demandantes) han demostrado que es probable que tengan éxito sobre el mérito de las demandas que les darían derecho a un alivio”, indica el texto de la orden dictada por el juez Andre Birotte Jr.
El magistrado, a su vez, pidió que se los deje entrar a su país. Los demandantes “han demostrado que es probable que tengan éxito sobre el mérito de las demandas que les darían derecho a un alivio”, indica el texto de la orden.
Asimismo, Birotte admitió una petición de los abogados de los demandantes para que el fallo se aplique a cualquier persona procedente de alguno de los siete países incluidos en la orden ejecutiva de Trump, que tenga una visa de inmigrante válida.
Según ha decretado el magnate neoyorquino, los refugiados no podrán entrar a EE.UU. en cuatro meses y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es decir Siria, Libia, Yemen, Somalia, Irán, Irak y Sudán, serán sometidos en un periodo de tres meses a severas restricciones en la emisión de visados bajo lo que llama protección de EE.UU. ante el ‘terrorismo’.
Sin embargo, la orden de Birotte no se aplicará en el caso de personas que intenten ingresar a Estados Unidos como refugiados o con visas que no son de inmigrantes, como es el caso de los turistas o los estudiantes.
El tribunal tiene previsto celebrar una audiencia sobre este asunto el próximo 10 de febrero, momento en el cual el juez Birotte podría emitir nuevos dictámenes o determinar que su orden sea permanente.
No se trata del primer funcionario judicial que toma esta iniciativa. El martes, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una demanda contra el decreto migratorio del presidente Trump, catalogándolo de “ilegal e inconstitucional”.
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