“Los nazis obtuvieron mejor trato bajo la LEE (Ley de Enemigos Extranjeros)” porque tuvieron derecho a “audiencias” antes de ser deportados, afirmó Karen Henderson, una de los tres magistrados que integran el panel encargado de pronunciarse sobre la apelación presentada por el Gobierno de EE.UU. contra el bloqueo temporal de dicha norma, dictado por el juez federal James Boasberg.
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump envió el 15 de marzo dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador, tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que hasta ahora solo se había utilizado en tiempos de guerra.
Desde ese día, James Boasberg, juez de distrito de Columbia, suspendió temporalmente la aplicación de la ley del siglo XVIII, lo que ha llevado al Gobierno a apelarla y a Trump, así como a miembros de su administración, a pedir su destitución, poniendo en cuestión la separación de poderes en EE.UU.
En un documento de 37 páginas, confirmó la suspensión de las deportaciones bajo dicha ley. Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben tener la oportunidad de impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.
La expulsión acelerada de un extranjero bajo la ley de 1798, “sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita”, escribió el magistrado.
La Administración de Trump presentó un recurso y este lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones escuchó los alegatos.
Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia de EE.UU., argumentó que la orden del juez Boasberg “representa una intrusión sin precedentes y significativa en los poderes del brazo ejecutivo” e impide al presidente ejercer “sus facultades en materia de guerra y asuntos exteriores”.
Washington ha declarado al Tren de Aragua como una “organización terrorista” global, aunque no ha presentado pruebas que respalden esta acusación. Donald Trump afirmó que la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA) está invadiendo el país e invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite la expulsión de extranjeros sin una audiencia judicial previa.
El juez Justin Walker, designado por Trump, sugirió que se deberían realizar vistas judiciales, aunque mostró disposición a considerar los argumentos que sostienen que la suspensión de la ley infringe los poderes presidenciales.
El tercer juez del panel fue designado por el expresidente republicano George H.W. Bush.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda contra las deportaciones, señaló en la Corte de Apelaciones que la administración utiliza la ley de 1798 “para intentar eludir los procedimientos migratorios”.
"Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas", alertó la ACLU.
Sin la suspensión temporal, el Gobierno probablemente reanudaría de inmediato las deportaciones bajo esta ley, estimó Gelernt.
Trump ha arremetido contra el juez Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
La creciente tensión entre el poder ejecutivo y el judicial en EE.UU. ha generado preocupaciones sobre la posible desobediencia de la administración frente a la suspensión judicial.
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