El Salvador vive estos días en su cuarto mes consecutivo del estado de excepción. La medida, establecida inicialmente el pasado 27 de marzo, fue una respuesta del Gobierno a una ola de asesinatos a manos de pandillas que conmocionó el país.
Para un grupo de salvadoreños, la iniciativa del ejecutivo ha mejorado considerablemente la situación de seguridad en el territorio.
Durante el estado de excepción, los agentes han arrestado a 40 000 personas por sus posibles lazos con grupos criminales, lo que ha duplicado la población penitenciaria en las cárceles ya hacinadas del país. Los grupos de derechos humanos, denuncian que, al menos, 46 arrestados han perdido la vida bajo custodia policial.
Además, muchos salvadoreños denuncian detenciones arbitrarias de sus seres queridos, y ya han pedido a la Corte Suprema, que ponga fin a los arrestos. Ana Gabriela, dice ser una de las víctimas, y lamenta que su esposo y su cuñado, lleven un mes tras las rejas, sin merecerlo.
Aun así, las autoridades celebran la efectividad de su campaña contra la delincuencia. El presidente Nayib Bukele, afirma que la lucha contra las pandillas, seguirá. El mandatario desestima las críticas de los organismos de derechos humanos, a quienes considera enemigos de su pueblo.
Dentro del país, ONG como Cristosal, dudan que la estrategia de seguridad de Bukele, haya dañado las estructuras criminales tanto como promete el Gobierno. Y ponen como ejemplo, la reciente emboscada de delincuentes contra la policía, que acabó con la vida de tres uniformados.
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