El canciller nicaragüense, Denis Moncada, ha trasladado, por petición del presidente Daniel Ortega, al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una misiva oficial en la que recuerda el histórico incumplimiento de Estados Unidos por el apoyo a las agresiones armadas que buscaban derrocar a la Revolución Sandinista.
“La obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua” muestra la postura del ejecutivo y solicita a la Organización de las Naciones Unidas reproducir la nota oficial a todos los Estados miembros.
“En tiempos actuales en los que se discute en las Naciones Unidas y otros foros sobre las muy merecidas indemnizaciones que deben de ser establecidas para compensar los daños ocasionados por la esclavitud y el cambio climático, entre otras, Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por los Estados Unidos. No es una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial. Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia”, reza parte de la comunicación.
El texto hace referencia a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 1986, luego que el principal órgano judicial de la ONU favoreciera a Nicaragua en su reclamo contra EE.UU. por impulsar y financiar operaciones del grupo rebelde “Los Contras” que buscaba derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder desde 1979.
En ese momento, EE.UU. no reconoció la sentencia, justificó que la Corte no tenía jurisdicción sobre el caso; sin embargo, hasta la fecha ha preservado la misma postura, sin embargo, en 1991, la entonces presidenta nicaragüense Violeta Chamorro, que era apoyada por Washington, suspendió el caso.
Nicaragua constata que el 27 de junio de 1986 la Corte dictaminó que la administración estadounidense debía indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados tras las actividades militares y paramilitares en contra del proceso político del país.
El ejecutivo nicaragüense denuncia que la lista de afectaciones directas incluye daños humanos, daños materiales directos, gastos de defensa, pérdidas ocasionadas por el embargo. También otras lesiones, como las pérdidas sociales en educación, salud, trabajo, seguridad social, así como pérdidas del potencial para el desarrollo y para la producción.
“A pesar de que la Corte reconoció que en una situación de agresiones armadas como la ejecutada por los Estados Unidos, ningún tipo de reparación -ni económica ni moral- podía compensar la devastación del país, las pérdidas de vidas humanas y las heridas físicas y psicológicas del pueblo nicaragüense, la Corte decidió que los Estados Unidos tenían la obligación legal de reparar económicamente a Nicaragua por todos los daños causados”, prosigue.
El presidente Daniel Ortega denuncia que, desde todos los puntos de vista, “el derecho al desarrollo de la nación fue irreparablemente afectado (...) la economía sufrió una reorganización total para poder permitir que la población sobreviviera bajo las condiciones de agresión a los que era sometida por los Estados Unidos en todos los aspectos de la vida económica y social del país, además de las agresiones militares y paramilitares”.
Asegura que el valor estimado de los daños en marzo de 1988, fecha en que fue presentada la Memoria junto con toda la documentación comprobatoria de los mismos, se estimaba en 12 mil millones de dólares. “Este monto no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por EE.UU., que nunca asumió el costo social de dichas ilegalidades”, destaca.
Sin embargo, los daños sobre los que Managua pidió compensación no reflejaban la totalidad de afectaciones reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción. La cuantificación de los daños tuvo el aval de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas.
“La compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada. Nicaragua descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir al derecho a recibir su compensación. Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte”.
En el documento se denuncia, además, que Nicaragua continúa siendo objeto de una “nueva modalidad de agresiones” que recuerda la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia en un contexto de agresión desde La Casa Blanca contra países no alineados a Washington bajo la forma de sanciones económicas.
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