Las autoridades del gabinete extremista israelí y funcionarios en Estados Unidos han endurecido la retórica en los últimos días contra la CPI, con sede en La Haya, y amenazado con sanciones y represalias contra jueces del este tribunal por las presuntas órdenes de captura que estaría preparando contra altos funcionarios israelíes por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza.
Informes de los medios hebreos han barajado la posibilidad de que la CPI emita órdenes de captura contra el derechista primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, y el jefe de estado mayor del ejército, Herzi Halevi, por su papel clave en la campaña genocida israelí en la Franja de Gaza, que en casi siete meses se ha cobrado más de 34 600 vidas civiles.
En esta línea, el fiscal de la CPI, Karim Jan, denunció el viernes en su cuenta de X que tanto el tribunal como su personal habían recibido amenazas en los últimos días.
Alertó además que las amenazas sobre “represalias” contra el alto tribunal o su personal, en relación con sus investigaciones pueden constituir “un delito contra la administración de justicia” y socavan la independencia de la CPI, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad
“Tales amenazas, incluso si no se cumplen, pueden constituir un delito”, advirtió Jan, pidiendo el fin de esta acción ilegal.
En esta línea, la CPI exigió que “cesen inmediatamente todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente a sus funcionarios”.
La oficina de Jan, sin embargo, no dijo de dónde procedían las amenazas ni de qué investigación se trataba.
La CPI ha estado llevando a cabo una investigación sobre las atrocidades cometidas por el régimen ocupante en Gaza y la Cisjordania ocupada desde junio de 2014.
Israel, que no es un signatario del Estatuto de Roma, ha estado ignorando el fallo preliminar de la CPI emitido en enero que ordenó al régimen de Tel Aviv tomar todas las medidas para proteger la vida civil en Gaza y abstenerse de actos genocidas.
En caso de que se emitan las órdenes de captura contra las autoridades israelíes, todos los 124 Estados miembros del máximo tribunal están obligados a arrestar y entregar a los acusados a La Haya una vez que ingresen a su territorio.
Los medios israelíes informaron recientemente que el régimen israelí está celebrando reuniones y consultas secretas con sus aliados, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, en un intento de obstruir el trabajo de la CPI.
Estados Unidos, el principal aliado de Israel que ha brindado enormes cantidades de armas desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre, ha dejado claro que la corte no tiene jurisdicción para investigar crímenes de Israel, y amenazado con represalias al alto tribunal.
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