La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar este lunes una polémica legislación conocida como ley antiboicot, que contempla penas de hasta un millón de dólares en multas o hasta 20 años de prisión para ciudadanos estadounidenses que participen en boicots contra el régimen israelí.
El proyecto de ley ha sido promovido por los congresistas Mike Lawler y Josh Gottheimer, ambos conocidos por su apoyo a Israel, y busca ampliar el alcance de la actual legislación antiboicot estadounidense.
La nueva normativa apunta a penalizar acciones políticas voluntarias, motivadas por valores personales, que involucren a ciudadanos estadounidenses en campañas de presión no violentas contra Israel, como el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
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Grupos de derechos humanos han advertido que la iniciativa podría criminalizar expresiones políticas amparadas por la Constitución de Estados Unidos.
En su evaluación, han señalado que esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno estadounidense para reprimir la oposición al genocidio, al apartheid y a la expansión ilegal de asentamientos israelíes, bajo el argumento de combatir el antisemitismo.
La ley fue presentada inicialmente en 2024 y recibió el visto bueno de la Cámara, entonces bajo control republicano y con respaldo bipartidista. Sin embargo, su avance se detuvo en el Senado debido a la oposición demócrata. Ahora, con los republicanos al mando de ambas cámaras, existe una alta probabilidad de que la legislación sea finalmente aprobada.
El proyecto cuenta también con el respaldo de poderosos actores del lobby proisraelí en Washington. Entre ellos se encuentra el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), uno de los grupos de presión más influyentes del país, así como la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), que ha manifestado su apoyo tanto a esta iniciativa como a otras campañas legislativas para contrarrestar los boicots contra Israel.
La mayoría de las campañas de boicot contra Israel buscan presionar al régimen para que ponga fin a lo que diversas organizaciones describen como una guerra genocida, que ya ha causado la muerte de más de 52 500 palestinos y ha dejado al menos 118.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños en Gaza.
Desde hace más de dos meses, el régimen israelí mantiene un bloqueo total sobre el enclave, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos. La Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF) de la ONU ha alertado que los 2,3 millones de habitantes de Gaza enfrentan ya una situación de hambruna generalizada.
ayk/mkh
