Los activistas lo consideran un paso histórico hacia la plena consecución de sus derechos humanos y un alto a la discriminación y el racismo sistémicos.
Con la modificación al artículo segundo constitucional que implica la reforma, a los pueblos originarios y afromexicanos se les reconoce como sujetos de derecho público. Lo que significa, entre otras cosas, que recibirán y ejecutarán recursos presupuestales y el reconocimiento de sus instituciones jurídicas.
La reforma también deja fuera elementos sobre autonomía, autodeterminación y derecho al territorio , que desde organizaciones y centros de derechos humanos del interior del país consideran fundamentales para avanzar sobre justicia social.
El Senado Mexicano recibirá esta semana para su discusión a la reforma de pueblos originarios y afromexicanos, una de las propuestas del paquete presentado por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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