"He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal y total de toda la doctrina militar", ha dicho este viernes el general Alberto José Mejía en un foro castrense en la Universidad del Rosario, ubicada en la capitalina ciudad de Bogotá.
He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal y total de toda la doctrina militar", ha manifestado Alberto José Mejía.
El Ejército colombiano, para llevar a cabo la revisión, cuenta con el respaldo de “Estados Unidos (socio estratégico)”, de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) y de otras entidades en el manejo de normas de conflictos armados, ha explicado.

A su juicio, esta revisión garantizará que el Ejército colombiano tenga una doctrina militar “moderna y vigente”, conforme a los “desafíos y retos” con los cuales se enfrentará en el futuro, entre ellos, la paz.
En este contexto, ha argumentado que sin unas fuerzas militares fortalecidas para salvaguardar los acuerdos (de paz) con las FARC, existe la posibilidad de que el Gobierno pierda “lo avanzado” hasta el momento.
Por su parte, el general retirado Manuel José Bonet, ha calificado de necesaria "una actualización" de la estrategia militar, ya que, en su opinión, ayudará al Ejército a identificar las nuevas amenazas surgidas tras la desmovilización de los guerrilleros.
"Si la guerrilla se va a desmovilizar habrá otras amenazas, otros tipos de conflictos, como el conflicto territorial y como la mutación de la guerra hacia otras formas de crimen", ha subrayado.
El Gobierno colombiano y las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el miércoles en La Habana (capital de Cuba) un importante acuerdo sobre justicia transicional, al tiempo que establecieron un plazo máximo de seis meses (antes del 23 de marzo del 2016) para lograr un pacto que ponga fin al conflicto armado.

El mencionado acuerdo sobre justicia contempla la creación de un tribunal especial, juicios y penas de privación de libertad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero otorga amnistía a los autores de delitos políticos.
Las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones no gubernamentales, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
Recientemente, las FARC, en un intento de demostrar que apuestan por la paz, anunciaron su participación en el escenario político de Colombia.
fdd/ctl/rba