El Departamento estadounidense de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes la iniciativa, calificándola como una vía para “facilitar el viaje de regreso a su país de origen” y especificó que el dinero, así como el boleto de avión, llegará a manos de la persona una vez confirmado su regreso mediante la polémica aplicación.
“La autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos y permitirá que los extranjeros ilegales eviten ser detectados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, afirmó el DHS en un comunicado que ratifica el recrudecimiento de las actuales políticas migratorias de la Casa Blanca, rechazadas por varios sectores sociales del país norteamericano.
En marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional presentaron la aplicación “CBP Home”, como parte de una campaña de Trump para persuadir a inmigrantes indocumentados a “autodeportarse”, y lograr así que las personas sin estatus legal abandonen Estados Unidos de manera voluntaria.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que aquellos extranjeros ilegales que pidan la deportación de manera voluntaria en “CBP Home”, no correrán el riesgo de ser arrestados y expulsados mientras estén en EE.UU., siempre y cuando demuestren “avances significativos” para completar su salida.
En abril, en un video difundido por La Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó este programa como “una oportunidad para que los inmigrantes salieran primero” y luego volvieran a ingresar legalmente a EE.UU., “mientras el gobierno ahorra fondos de los contribuyentes y mano de obra federal”.
Varias organizaciones han criticado este intento de expulsar a más personas bajo presión económica y política, en un contexto de deportaciones masivas, donde Estados Unidos está violando los más elementales derechos humanos, al separar incluso a madres de sus niños pequeños.
Medios estadounidenses han informado recientemente que en los primeros 100 días de la administración, el equipo de Trump se jactó de haber deportado a más de 135 000 personas, grupo que incluye a los venezolanos enviados a una prisión salvadoreña de máxima seguridad, un hecho condenado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Este plan de retorno voluntario profundiza la crisis que enfrentan millones de inmigrantes en América Latina y recalca el carácter segregacionista de la actual administración estadounidense, enrolada en una cruzada contra la migración desde enero pasado.
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