“El Estado de Palestina celebra este nuevo paso, que debería haberse tomado hace mucho tiempo (...), para llegar a una investigación después de casi cinco años largos y difíciles de examen preliminar”, ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina en un comunicado publicado este viernes.
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha anunciado esta misma jornada que ve bases para abrir una investigación completa sobre posibles “crímenes de guerra” perpetrados por el régimen de Israel contra los palestinos.
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Por su parte, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha calificado de una “victoria” el paso de la CPI, pues la investigación podría “poner fin a la impunidad de los perpetradores” de crímenes contra los palestinos, al tiempo que envía “un mensaje de esperanza” respecto a que las autoridades israelíes responsables de tales crímenes deberán responder ante la justicia.
De igual modo, Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, ha rechazado las afirmaciones israelíes sobre que la citada corte no tiene jurisdicción para investigar al régimen, y ha pedido que Israel pague por sus crímenes de guerra. “Los palestinos no aceptarán la exclusión de la universalidad de los derechos humanos”, ha agregado.
El examen preliminar de la CPI sobre los crímenes israelíes se inició en 2015 después de que Palestina firmara el Estatuto de Roma y aceptara formalmente la jurisdicción del tribunal sobre su territorio.
La fiscal de la CPI también señaló en 2017 que había “bases razonables para creer” que se habían cometido crímenes de guerra en Afganistán, y afirmó que todas las partes implicadas en el conflicto debían ser examinadas, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su acrónimo del inglés) de EE.UU.
Las autoridades palestinas han presentado demandas ante este ente contra el régimen de Tel Aviv para que este sea juzgado por sus crímenes de guerra o contra la humanidad, así como por la expulsión de la población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
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Esto mientras, el régimen de Tel Aviv ha endurecido sus medidas restrictivas, incluidas amenazas a los grupos pro derechos humanos, para impedir que se revelen sus crímenes contra el pueblo palestino.
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