En un mensaje en Facebook, Gergely Gulyás, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, expresa este jueves que el país comenzará el proceso de retirada, “de acuerdo con los marcos del derecho constitucional y el internacional”.
El anuncio se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya llegado a Budapest, donde fue bien recibido, pese a los pedidos y órdenes cursados contra el criminal de guerra israelí.
La Corte Penal Internacional (CPI), emitió el 21 de noviembre en La Haya órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra por el genocidio en la Franja de Gaza, que se extiende desde octubre de 2023.
El fallo obligó a los 125 países que firmaron el Estatuto de Roma que establece la CPI a detener y entregar a Netanyahu al tribunal, con sede en La Haya.
Como Estado miembro de la CPI, Hungría está obligada a detener a Netanyahu a su llegada al país centroeuropeo y entregarlo a la justicia, sin embargo, Orbán y su Administración han dejado claro que no acatarán las decisiones y requisitos de la Corte.
Los legisladores húngaros han dicho que, aunque el país firmó el documento fundador de la CPI en 1999 y lo ratificó en 2001, nunca se convirtió en parte de la legislación húngara.
CPI: Hungría tiene la “obligación jurídica” de ejecutar sus decisiones
Un portavoz de la Corte Penal Internacional, por su parte, ha remarcado este jueves que Hungría tiene la “obligación jurídica” de ejecutar las decisiones de la CPI.
“La Corte depende de los Estados para ejecutar sus decisiones. Esto no solo constituye una obligación jurídica para con la Corte en virtud del Estatuto de Roma, sino también una responsabilidad hacia los demás Estados partes”, ha manifestado a la prensa un portavoz de la CPI.
En el mismo contexto, se remitió al artículo 119 del Estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal, y que dice que “toda controversia relativa a las funciones judiciales de la Corte se resolverá mediante la decisión de la Corte”.
El argumento legal del gobierno del ultranacionalista Orbán para no cursar las órdenes de detención de la CPI es que no están reconocidas en el Código Penal húngaro.
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